Las autoridades públicas pueden ofrecer incentivos económicos a los médicos para promover la prescripción de medicamentos menos caros
Según un comunicado de prensa de las Comunidades Europeas del 22 de Abril de 2010, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dictado una sentencia en la cual declara que «Las autoridades públicas pueden ofrecer incentivos económicos a los médicos para promover la prescripción de medicamentos menos caros».
Esta sentencia viene dada a raiz de una consulta que la Corte de Justicia británica presentó al Tribunal de Justicia de Luxemburgo por una demanda interpuesta contra el sistema de incentivos utilizado en Inglaterra y País de Gales. En estos paises, con el fin de reducir el gasto público, las autoridades de salud pública han establecido un sistema de incentivos económicos para que los médicos prescriban a sus pacientes medicamentos menos caros que otros pertenecientes a la misma clase terapéutica. Esto se refiere en concreto a la prescripción de estatinas, sustancias utilizadas para reducir el colesterol.
Dicha consulta se basaba en la duda de, si el artículo 94 de la Directiva 2001/83 que prohíbe ofrecer regalos y primas a los médicos por prescribir un determinado medicamento, se aplica solo a la industria farmacéutica o incluye también a las autoridades sanitarias.
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En su sentencia, el Tribunal de Justicia observa que la prohibición de la Directiva afecta a las actividades de promoción de la industria farmacéutica para impedir prácticas promocionales que puedan incitar a los médicos a prescribir determinados medicamentos por un interés económico. En cambio, dicha prohibición no afecta a las autoridades nacionales responsables de definir la política de salud pública y la racionalización de los gastos públicos asignados a ella.
Para el Tribunal de Justicia, la política de salud definida por un Estado miembro y los gastos públicos en dicho ámbito no persiguen ningún fin lucrativo ni comercial. Por tanto, el sistema de incentivos económicos no puede considerarse dirigido a la promoción comercial de los medicamentos. ni suponer un riesgo para la salud pública ya que las autoridades controlan el valor terapéutico de los productos recomendados y tienen capacidad suficiente para determinar cuales medicamentos que contienen una sustancia activa concreta son preferibles a otros que contengan una sustancia activa diferente aunque pertenezcan a la misma clase terapéutica.
Igualmente, el Tribunal de Justicia recuerda que las autoridades públicas están obligadas a poner a disposición de los profesionales de la industria farmacéutica las informaciones que demuestren que se apoyan en criterios objetivos y no se practica ninguna discriminación entre los medicamentos nacionales y los procedentes de otros estados miembros. Por otra parte, también están obligadas a poner a disposición de los profesionales sanitarios las evaluaciones que acreditan la equivalencia terapéutica entre las sustancias activas disponibles que pertenecen a la misma clase terapéutica.
Por todo ello el Tribunal considera que: «el sistema de incentivos económicos examinado es compatible con la Directiva y que, además, no perjudica la objetividad de los médicos prescriptores».
Desde el Semfyc valoran de forma positiva esta sentencia. Así mismo, el director general de farmacia ha anunciado su voluntad de crear una red de centros nacionales y regionales de evaluación farmacoeconómica y de coste efectividad.
Fuente: 
Comunicados de prensa
En este enlace se puede ver el folleto Guía del ciudadano sobre las instituciones de la UE
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